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Lunes 20 de enero de 2014

Génesis

Con fecha 6 de enero el Vicepresidente del Senado, don Waldo Silva, y el Presidente de la Cámara de Diputados, don Ramón Barros Luco, remitieron al Comandante Montt el Acta redactada el 1° de enero y le comunicaban la organización de una división naval, que quedaba entregada a su mando, para restituir el derecho.

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Las reformas económicas iniciadas por el Presidente José Manuel Balmaceda Fernández, para controlar más de cerca la producción de las salitreras, habían desatado una fuerte oposición de los intereses económicos, normalmente en manos extranjeras.

Simultáneamente existía un gran encono de la oposición en contra del Presidente, debido al clima creado para las próximas elecciones y a que habiendo el Congreso emitido un voto de censura en contra del Ministro Enrique Salvador Sanfuentes Andonaegui, el Presidente no lo había destituído, manteniéndolo en el cargo.

El 14 de junio de 1890 la Cámara de Diputados acordó aplazar la discusión de la Ley de Presupuesto de 1891, enviada por el Ejecutivo hasta que el Presidente nombrara un nuevo Ministro, lo que igualmente aprobó el Senado el 18 del mismo mes.

Además, los Ministros se negaron a concurrir a las sesiones del Congreso cuando fueron citados por éste, lo que produjo un clima de franco enfrentamiento.

El Presidente José Manuel Balmaceda Fernández, junto con reestructurar su Ministerio, el 15 de octubre de 1890, declaró clausuradas las sesiones extraordinarias del Congreso, citadas a contar del 1o. del mismo mes, lo que constituía el cierre de éste.

Como al 10 de enero no estuviera aprobada la Ley del Presupuesto de 1891, ni fijadas las fuerzas de mar y tierra, el Presidente de la República, don José Manuel Balmaceda lanzó un manifiesto dirigido a la Nación, en que justificaba su resolución de no convocar al Congreso y en el cual expresaba su propósito de seguir gobernando sin la aprobación de las leyes mencionadas, fundándose en que el Poder Legislativo no tenía derecho de dejar al Ejecutivo sin presupuestos, ni FF.AA., asegurando que esa garantía estaba respaldada por la Constitución de 1833.

Poco después, el 5 de enero, el Presidente dictó un Decreto en el que declaró en vigencia la Ley de Presupuesto y la Ley que fijaba las fuerzas de mar y tierra, aprobadas el año anterior, con el fin de no suspender los servicios públicos y no comprometer el orden interno y la seguridad exterior de la República.

Sin embargo, el 1o. de enero de 1891 la mayoría de los parlamentarios del Congreso firmaron un Acta, en el cual declaraban que el Presidente de la República quedaba depuesto de su empleo, por vulnerar las garantías individuales, no cumplir con determinadas leyes y la Constitución Política del Estado.

Esta controversia entre los dos poderes del Estado se encontraba en un callejón sin salida, pues ambos creían tener la razón.

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El parlamentario Enrique Valdés Vergara comisionado por el "Comité Revolucionario", que apoyaba al Congreso, tomó contacto con el Capitán de Navío don Jorge Montt Alvarez, quien se encontraba en situación de disponibilidad y que tenía gran ascendiente sobre oficiales y personal. Convencido de la inconstitucionalidad de la actuación del Presidente, se plegó al movimiento del Congreso poniendo como condición que los Presidentes de ambas Cámaras se embarcaran, para que desde a bordo tomaran las riendas del Gobierno interino del país.

Pronto logró la adhesión de la mayoría de los buques de la Escuadra, los que zarparon el 7 de enero hacia Quintero, donde se reunieron el blindado "Blanco", la corbeta "O'Higgins", el crucero "Esmeralda", el blindado "Cochrane" y la cañonera "Magallanes". El monitor "Huáscar" quedó en Valparaíso con sus máquinas desmontadas.

Con fecha 6 de enero el Vicepresidente del Senado, don Waldo Silva, y el Presidente de la Cámara de Diputados, don Ramón Barros Luco, remitieron al Comandante Montt el Acta redactada el 1o. de enero y le comunicaban la organización de una división naval, que quedaba entregada a su mando, para restituir el derecho.